En este sentido, Baruch Delgado Carbajal dijo que para contribuir en la consolidación de la cultura de la legalidad y el respeto de los derechos humanos, las instituciones, así como los tres ámbitos de gobierno tienen la obligación de capacitar a sus servidores públicos para que realicen un trabajo efectivo y eviten cometer violaciones a derechos humanos.
Dijo que en caso de conocer de alguna posible irregularidad, las autoridades deben comprometerse a realizar una investigación minuciosa, a fin de sancionar conductas que dañen a la ciudadanía y de ser necesario, hacer la reparación del daño a las víctimas.
Detalló que de acuerdo a las reformas en materia de derechos humanos se obliga a las autoridades a sancionar a aquellos funcionarios que cometieron una violación de derechos humanos, así como a reparar el daño y en caso de que el servidor no pueda hacerlo, será el Estado quien asuma esa responsabilidad para no dejar en la indefensión al afectado.