Un grave problema de nuestro país es que muchas leyes se aprueban demagógicamente pero sin cuidar que quienes deben instrumentarlas y llevarlas a la realidad cotidiana, tengan los recursos, experiencia e infraestructura para hacerlo eficientemente.
Este es el caso de la ley que entró en vigor en el mes de julio del 2015, hace un año, para impedir que los circos tuviesen especies animales trabajando en calidad de espectáculo.
Esta ley se aprobó con la idea de evitar el maltrato animal, ante el supuesto de que estas especies eran tratadas de forma inadecuada, e incluso, de forma cruel o denigrante.
La Ley fue aprobada con beneplácito de la sociedad.
Sin embargo, como sucede en este país con extrema frecuencia, al pasársele a la PROFEPA (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente), seguramente no se destinaron a esta institución los recursos necesarios para hacerse cargo del cuidado y manutención de estos animales, e incluso, contar con la gente experimentada para dar a los animales decomisados un mejor trato que el que tenían en los circos. De por medio está la salud, e incluso la vida, de estos ejemplares.
Debiésemos exigir a PROFEPA un inventario de los animales recibidos y una valoración del estado en que hoy se encuentran, para que si el saldo es negativo, éste ejemplo sirva de experiencia para que no se aprueben leyes al vapor y se instrumenten sin tener los medios para asegurar su buen funcionamiento.
Nadie se tocó el corazón para resarcir a los propietarios de los animales, a los que se les despojó de un patrimonio, del daño que se les hacía, pues seguramente la rentabilidad de este sector del espectáculo se vino abajo en detrimento de miles de familias que se dedican a la actividad circense. ¿Recibieron estímulos compensatorios?.
Son familias que seguramente se dedican a esta actividad desde varias generaciones atrás y ahora se les dejó sin el principal atractivo de su negocio.
Las sociedades protectoras de animales que aprobaron esta ley, sin duda con la mejor de las intenciones, son las que debiesen hacerse cargo ahora por razones altruistas, de exigir esta auditoría a la PROFEPA.
Como extensión a este planteamiento, podríamos considerar que el tiempo nos dirá si una excelente idea como fue la instrumentación de los juicios orales para impartir justicia, se ha llevado a cabo con la eficiencia que debiese ser exigida.
De por medio está que algunos criminales peligrosos pudiesen quedar libres por deficiencias en los juicios o por corrupción disfrazada de falta de experiencia o infraestructura y que gente inocente sea declarada culpable y sentenciada.
Las leyes deben ser aprobadas, pero cuidando que de forma paralela las instancias responsables de ejecutarlas reciban el apoyo y se aboquen con responsabilidad a prepararse para hacerse cargo de la encomienda conferida.
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